Boletín Constitucional - Semana 38

Qué dice el decreto. Según las versiones de prensa, mantiene la presunción de que la protesta es pacífica, pero amplía las conductas que se consideran violentas y autoriza a la Policía a intervenir sin agotar antes las etapas de diálogo y mediación frente a ocho supuestos: porte o uso de armas, retención de personas, agresiones a terceros, a periodistas o a misiones médicas, destrucción de infraestructura, bloqueo de ambulancias, afectación grave de servicios hospitalarios o públicos, y riesgo de desabastecimiento de alimentos o medicamentos. Fija un acompañamiento policial a no menos de cuatro metros de los manifestantes y ordena que la fuerza se dirija contra los responsables, no contra toda la marcha. En su alocución del 12 de octubre el presidente dijo que el objetivo es «separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue».

Las críticas. La senadora Jennifer Pedraza anunció una demanda por considerarlo «regresivo e inconstitucional»; congresistas del Pacto Histórico cuestionaron que el diálogo pase a ser una preferencia y que el decreto se expidiera tras una consulta de siete días; el expresidente Petro alegó falta de publicidad previa. La Defensoría del Pueblo advirtió que el decreto califica como violentas conductas que no necesariamente lo son, y la Fundación El Veinte pidió suspenderlo. Hubo intervenciones policiales en seis puntos (Bogotá, Ibagué, Medellín y Popayán), y en Ibagué se denunció la retención violenta de una estudiante que cubría la marcha.

Lectura constitucional. El art. 37 C.P. permite que «sólo la ley» establezca los casos en que se puede limitar el derecho de reunión y manifestación, y por tratarse de un derecho fundamental esa ley debe ser estatutaria (art. 152). Con ese argumento la Corte declaró inexequibles, en la C-223 de 2017, los artículos 47, 53, 54 y 55 del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) que regulaban la protesta, con efectos diferidos, y el Congreso no ha expedido la ley estatutaria desde entonces. El Decreto 003 de 2021 nació de una orden judicial (STC7641-2020 de la Corte Suprema) como protocolo de actuación de la Fuerza Pública, no como regulación del derecho. La pregunta es si el Decreto 1525 se queda en ese terreno o, al definir qué conductas permiten disolver una manifestación, termina limitando el derecho por vía reglamentaria. Ese juicio no le toca a la Corte Constitucional: un decreto ordinario se controla por nulidad ante el Consejo de Estado (art. 237 num. 2), que puede suspenderlo provisionalmente.

La agenda de seguridad. La ley de sometimiento, radicada en la Cámara por los ministros Rodrigo Lara (Interior) e Iván Cancino (Justicia), ofrece rebajas de hasta el 50 % de la pena a quienes colaboren y del 30 % a los cabecillas, a cambio de entregar armas, liberar a menores y secuestrados y aportar bienes para reparar. ¿Se radicó el Estatuto Antiterrorista? No. Al cierre (16 de octubre) no se había radicado. El jueves 15 recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal, por 11 votos contra 3: votaron en contra la Sala Penal de la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y el Pacto Histórico. Antes de radicarlo, el texto pasará por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y el Gobierno anunció que lo presentará la semana siguiente. Según la prensa, se tramitaría como ley estatutaria, con control previo de la Corte. Mantiene el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas con congelamiento inmediato de activos, un Alto Comisionado contra el Terrorismo adscrito al Dapre, pabellones de alta seguridad y rebajas de hasta el 60 % por colaboración eficaz. La Corte Suprema objetó el registro y el comisionado, y la Defensoría, que se incluya el reclutamiento forzado dentro del delito de terrorismo (Infobae, 16 oct; La Silla Vacía). Algunos medios confundieron su radicación con la de la ley de sometimiento del 13 de octubre.

Otros hechos de la semana. La Sala Especial de Seguimiento a la T-302/17 (niñez wayuu), presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis, sesionó en Riohacha el 13 de octubre: «las órdenes de la Corte Constitucional no son recomendaciones», advirtió, al rechazar que el carrotanque siga siendo la respuesta del Estado nueve años después del fallo (Semana).

Fuentes oficiales: Presidencia · comunicado sobre el Decreto 1525 · texto oficial del Decreto 1525 de 2026 (Presidencia, normativa) · Presidencia · declaración del Presidente sobre el decreto · Presidencia · alocución del 12 oct (estatuto antiterrorista y decreto) · Decreto 003 de 2021 · Constitución, arts. 37, 152 y 237 · Sentencia C-223/17 · Ley 1801 de 2016 · T-302/17

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